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El juicio verbal: modificado por la ley 42/2015

Hace apenas unos días que entró en vigor la Ley 42/2015 que reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil en varios aspectos, siendo uno de los principales la modificación del trámite del JUICIO VERBAL.

Hasta la entrada en vigor de ésta nueva reforma, el juicio verbal se basaba en los principios de oralidad, concentración y celeridad. Era el procedimiento más sencillo y rápido de la jurisdicción civil, ya que el demandante presentaba una demanda sucinta, se admitía a trámite y por parte del juzgado se dictaba día y hora para la celebración del juicio. Muchas eran las críticas a tal proceso basadas en la merma de garantías para el ejercicio del derecho de defensa por parte del demandante, puesto que la contestación a la demanda se realizaba en el mismo acto del juicio y era en este momento cuando la parte actora tenía conocimiento de los argumentos de la parte demandada.

Así pues, el juicio declarativo verbal queda configurado de la siguiente manera:

  • Se iniciará mediante una demanda ordinaria (excepto que la cuantía sea inferior a 2.000 €), y siempre que la cuantía a reclamar no sea superior a los 6.000 € o cuando así lo determine la ley por razón de la materia.
  • Al contrario de lo que sucedía hasta la entrada en vigor de ésta reforma en que la contestación a la demanda se realizaba de forma oral en el mismo acto del juicio,  la parte demandada contará con un plazo de 10 días desde la notificación de la demanda, para proceder a contestar por escrito. Y caso de no hacerlo dentro de dicho plazo, el demandado será declarado en rebeldía.
  • La celebración de la vista será potestativa, por lo que puede suceder que no se celebre si ninguna de las partes se pronuncia a favor de su celebración. Caso de que se celebre vista, ésta tiene ciertas semejanzas con la audiencia previa de los juicios ordinarios: en primer término se comprobará la existencia o no de impedimentos procesales, posteriormente se fijarán los hechos controvertidos y se propondrá la prueba de forma oral, debiendo además aportar en dicho acto un escrito detallando la proposición de prueba.
  • En caso de inadmisión de la prueba propuesta, la nueva ley permite el recurso de reposición con su consiguiente formulación de protesta a efectos de una posible apelación. (hasta ahora sólo se admitía la protesta).
  • Finalmente, respecto al trámite de conclusiones, será el propio Juez el que determinará si concede o no a las partes un turno para que formulen sus conclusiones de forma oral.

Concluyendo: Lo que en origen la LEC 2000 configuró como un iter procesal presidido por la oralidad y la inmediatez, con la reforma operada se han dado pasos (audiencia previa a parte),  que lo asimilan al juicio ordinario en muchos de sus trámites.

 

Susana Vicente Argüelles

Socia de Quatre Advocats